La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, que preside el senador Gregorio Matías Rosario, evaluó hoy en vista pública, el Proyecto del Senado 181 que propone enmendar la Ley 203-2007 y la Ley 73-2019 para reservar un 5% de contrataciones en construcción para negocios de veteranos.
El proyecto senatorial, presentado por el senador Ángel Toledo López, busca realizar enmiendas en la “Nueva Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI” y la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, para establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico que al menos un 5% de las compras y contrataciones de Servicios de Construcción se reserven para negocios locales propiedad de veteranos o de su cónyuge supérstite elegible. Estos negocios deben ser manejados o poseer al menos un 51% del mismo o de sus acciones, por veteranos y, su titularidad deberá estar verificada por la Administración de Servicios Generales (ASG).
“El propósito de este proyecto es traer veteranos que ahora mismo están residiendo en otros estados y están invirtiendo en negocios en otros estados porque Puerto Rico se hace poco viable para que ellos se puedan establecer. Pretendemos reconocer y agradecer por el servicio que nos están dando en defensa de la nación de la que formamos parte, y segundo, reconocer que es un sector amplio que tiene capital para invertir, que quiere invertir, que quiere desarrollar negocios porque muchos de ellos, una vez salen de las Fuerzas Armadas, lo que están buscando es diversificar sus actividades”, expresó el senador Toledo López.
La medida busca fomentar el empresarismo entre los veteranos que residen en la isla o que deseen regresar, brindándoles acceso a contratos públicos relacionados con obras de construcción. Para cualificar, los negocios deben operar principalmente en Puerto Rico por al menos seis años, generar una contribución sustancial a la economía local y tener su centro principal de operaciones en Puerto Rico. Se incluyen contratistas, ingenieros, arquitectos, manufactureros y suplidores de materiales o servicios relacionados a la construcción.
El proyecto también obliga a la ASG y a las entidades exentas del gobierno (como aquellas que operan bajo planes fiscales o son fiscalizadoras del servicio público) a incorporar esta política en sus procesos de subasta. Esto implica que toda convocatoria deberá incluir un lenguaje claro que informe a los licitadores sobre el derecho a reclamar el beneficio del 5% de preferencia, siempre que cumplan con los requisitos.
El director de la Oficina Legal de ASG, Andrés Ríos Ramírez indicó estar de acuerdo con el propósito de la medida, aunque considera más loable enmendar el proyecto para que el beneficio preferencial a los veteranos sea específicamente en el proceso de subastas.
“Una de las cosas que proponemos que puede ser de mucha utilidad, es celebrar procesos de subastas donde delimitemos la participación a grupos particulares. Pensamos que es una manera más directa de lograr esto, es mucho más fácil que yo tenga que hacer una subasta general y luego estar buscando cómo lograr que dentro de una subasta general, tengamos que hacer una determinación de a quién escoger”, destacó Ríos Ramírez.
En su memorial explicativo, la ASG desglosa que existe un mecanismo en el sistema actual de subastas que permite delinear políticas preferenciales específicas para distintas comunidades. “La ASG tiene a su disposición un mecanismo en el que puede decidir celebrar determinada licitación y limitar la participación a un determinado grupo sujeto a una política preferencial, como lo son las PYMES o podrían ser los veteranos. Ello podría redundar en un beneficio mayor que la tarea dificultosa de intentar adjudicarle a una empresa una compra o parte de ella únicamente basándonos en la política gubernamental”, cita el memorial.
Según explicó Ríos Ramírez, esta propuesta pretende mantener un proceso transparente y competitivo para no atentar contra la fluidez y previsibilidad que debe caracterizar las licitaciones posteriores a la reforma de compras. Cabe resaltar que, ante las propuestas, tanto el autor de la medida, como el presidente de la Comisión se mostraron positivos con realizar las enmiendas.
El senador Matías Rosario enfatizó que, una vez aprobado este proyecto senatorial, la ASG tiene 60 días para crear un reglamento que incluya la Oficina del Procurador del Veterano y el Alto Cuerpo para cumplir cabalmente con esta legislación, así como otras que beneficien a las personas con estatus de veteranos.
Por su parte, el licenciado Agustín Montañez Allman, Procurador del Veterano, se mostró positivo con la medida ya que, promueve “el desarrollo socioeconómico de nuestros veteranos… y refuerza los principios de equidad y justicia social que permean en la Carta de Derechos del Veterano”. A su vez, comentó que incentiva el regreso de esta comunidad a la isla, que aunque no existe un registro oficial, explicó que el estimado es de 700 mil veteranos en la diáspora.
“El P. del S. 181 responde adecuadamente a una realidad innegable y urgente, que es la disminución en la población de veteranos en Puerto Rico, así como la necesidad de legislar la concesión de incentivos concretos para estimular su retorno y estabilidad económica. Al ofrecer incentivos que sirvan para atraer a los veteranos de la diáspora, los estamos invitando a reintegrarse a nuestra sociedad, aportando sus talentos, así como su capital, en la economía local”, sentenció.
Por otro lado, entre las propuestas de la medida, se establece que cualquier contrato adjudicado sin cumplir con esta política podría ser impugnado ante los tribunales, y que las subastas realizadas en violación a la ley podrían ser anuladas. También se crea un proceso administrativo expedito para atender impugnaciones, garantizando un remedio rápido y efectivo.
Finalmente, los funcionarios encargados de las contrataciones deberán certificar si se cumplió con esta preferencia o justificar por qué no fue posible contratar a una empresa de veteranos. Esto asegura transparencia y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos, alineando las compras gubernamentales con el compromiso del Estado hacia quienes han servido en las Fuerzas Armadas.
